Crisis del gobierno y descomposición de la clase dominante

Editorial Nº81 - 16 de julio del 2026

Por: nuevo PST

Con el adelantamiento del calendario electoral también se adelanta el calendario de la corrupción

En Argentina ya van más de dos años de gobierno de Javier Milei y el pueblo trabajador no ve resultados. El sacrificio realizado para intentar recomponerse del desastre heredado del peronismo parece cada vez más inútil frente al deterioro cada vez más profundo de las condiciones de vida: cientos de miles de despidos, destrucción de la clase media, salarios que corren detrás de una inflación persistente, y una pobreza infantil y un hambre que no dejan de crecer.

Y como si esto fuera poco, irrumpen una tras otra las denuncias de corrupción, tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras millones de trabajadores hacen esfuerzos descomunales para llegar a fin de mes —o incluso a mitad de mes—, los políticos burgueses se enriquecen obscenamente de manera ilícita. Oficialistas y opositores están tan manchados de corrupción que ni el uno ni el otro pueden capitalizar políticamente los desastres del contrario.

Los dos grandes pilares del discurso oficialista eran terminar con la inflación y con las prácticas de corrupción de la casta. La inflación, lejos de desaparecer, siguió avanzando desde la llegada de Milei al poder, aunque en un primer momento se desacelerara. En cuanto a la corrupción, la lista de escándalos no deja de crecer: sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fraude de la criptomoneda $Libra, los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello, los contratos millonarios vinculados a la familia Menem con el Banco Nación, las 96 muertes por fentanilo contaminado y múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito.

De todos esos casos, el caso Adorni fue probablemente la gota que rebalsó el vaso, por terminar de quebrar lo poco que quedaba de confianza hacia el gobierno. En una Argentina atravesada por crisis permanentes parece haber pasado una eternidad desde que Milei aseguró que "ni en pedo se va Adorni". El gobierno hizo lo imposible por sostenerlo, pese a que sus declaraciones juradas mostraban un incremento patrimonial superior al 400 % desde su ingreso a la función pública, incluida una "billetera fría" —pen drive— con medio millón de dólares en Bitcoin ¡Un verdadero disparate!

La caída del jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei representó un golpe durísimo para un gobierno que prometía una política distinta y terminó reproduciendo las mismas prácticas que decía combatir. No sorprende, entonces, que las encuestas señalen hoy a la inflación y a la corrupción como las principales preocupaciones de la población.

El mileísmo construyó buena parte de su legitimidad denunciando a "la casta", especialmente al peronismo. Sin embargo, terminó conformando su propia casta y dejó en evidencia ante las masas que, al igual que el peronismo y el macrismo, también es un gobierno atravesado por el lavado, la corrupción y la timba financiera.

Pero del otro lado las cosas no están mejor. Los videos de Jésica Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares perteneciente al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recordaron a las masas que del lado de la oposición las cosas están igual o peor de podridas. Más aún si se considera que la principal figura opositora, Cristina Fernández de Kirchner, continúa presa por corrupción.

Poco después de difundirse esos videos, Insaurralde fue visto saliendo del edificio donde funciona la oficina del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar. Nada de esto resulta casual. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof es uno de los principales "barones del conurbano" que controlan, junto con sectores del peronismo bonaerense, la multimillonaria industria del juego, los casinos, las apuestas y otros negocios oscuros.

Martín Insaurralde y el banquero libertario Juan Nápoli aparecieron en un festejo junto a un grupo de empresarios en el departamento de Puerto Madero del hijo del constructor Alberto Fernández Prieto.

En la Argentina electoral existe una regla no escrita: cuando se acercan las elecciones, los distintos partidos burgueses empiezan a "arrojarse los muertos". No es casual que los videos del placard aparezcan junto con el adelantamiento del calendario electoral. Tampoco fue casual que el primer estallido del caso Insaurralde, con el exfuncionario paseando en yate por Marbella junto a una prostituta vip, se produjera en 2023, apenas semanas antes de las elecciones generales en las que Sergio Massa perdió la presidencia por apenas seis puntos.

La diferencia es que hoy la bronca popular es mucho más generalizada. Tanto el caso Adorni como el caso Insaurralde demuestran que la descomposición de la clase dominante es de conjunto. La corrupción siempre fue un componente estructural del capitalismo, pero en momentos de crisis social y deterioro de las condiciones de vida genera una bronca mucho más profunda en los sectores populares ¡Y con razón!

Este cuadro general ha puesto nerviosas a las clases dominantes que quieren evitar a toda costa que se produzca un estallido popular, o una gran huelga nacional que derrote a Milei y ponga contra las cuerdas a todo el régimen. Es por esto que la burguesía busca canalizar el descontento social hacia las elecciones. Pero la tarea no le va a ser sencilla: el rechazo a los partidos políticos burgueses y a las instituciones del régimen no deja de crecer. Se expresa con el rechazo de millones de argentinos que no van a votar o que votan en blanco o nulo.

La primera tarea de Santilli: suspender las PASO

Los partidos burgueses están cada vez más desprestigiados ante las masas. Esto hace que les resulte cada vez más difícil obtener los consensos necesarios en el Congreso para aprobar leyes y garantizar la gobernabilidad. Como consecuencia, el sistema político argentino ha ido adoptando una versión local del Centrão brasileño: un bloque de partidos conservadores y de centroderecha que domina el Congreso y negocia su respaldo a los gobiernos de turno a cambio de cargos, influencia en la gestión y control sobre una parte del presupuesto nacional.

En la versión argentina, los gobernadores, debido a la forma en que está estructurado el régimen de coparticipación, terminan convirtiéndose en una fuerza política relativamente independiente de los partidos a los que pertenecen. A diferencia de los diputados, tienen la responsabilidad de pagar salarios, finalizar obras públicas y cancelar deudas con proveedores. Esa situación los empuja a participar del intercambio permanente de favores con el gobierno nacional para garantizar el envío de recursos.

Desde que asumió como ministro del Interior, en noviembre de 2025, Diego Santilli fue el principal operador de esta política de "apriete" a las provincias. Su tarea consistió en disciplinar a las provincias mediante el manejo de los fondos discrecionales: recursos a cambio de votos para aprobar las leyes que necesitaba el oficialismo. La lógica fue simple: apoyo parlamentario a cambio de financiamiento.

Ahora, como jefe de Gabinete, tiene como principal desafío negociar el mapa político de cara a las elecciones de 2027 y organizar el esquema de listas "colectoras". En ese marco, se analiza la posibilidad de que gobernadores aliados —como Osvaldo Jaldo, en Tucumán, y Martín Llaryora, en Córdoba— sean candidatos únicos a gobernador, mientras que La Libertad Avanza pueda presentar listas colectoras para los cargos provinciales sin disputarles la gobernación.

Santilli también encabeza las negociaciones para conseguir los votos necesarios que permitan suspender las PASO, ya que la posibilidad de conformar un frente amplio es uno de los escenarios que más preocupa al gobierno. Como explicamos en editoriales anteriores, los distintos sectores de la oposición avanzan en la conformación de alianzas amplias como respuesta al profundo repudio popular que enfrentan los partidos tradicionales.

Sin embargo estas acciones distan mucho de ser una fortaleza del gobierno, todo lo contrario, demuestran la profunda debilidad del oficialismo. No hay que olvidar lo que opinaba Milei del ex Vicejefe de Gobierno porteño:

"Diego Santilli, el candidato de los Tik Tok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de "sus negocios" y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires."

Por su parte, el peronismo no da señales de reconstrucción. Aún si lograra imponerse en las próximas elecciones, seguiría siendo un cadáver político, muy lejos de la fortaleza que tuvo durante los años de bonanza del kirchnerismo. El principal núcleo de este partido burgués permanece fracturado. Por un lado, el sector encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, que impulsa la consigna de "Cristina libre", contribuye a que el peronismo no sea una alternativa para las masas que, con justa razón, rechazan la libertad de la corrupta expresidenta. Por el otro, se encuentra Axel Kicillof, que ha aplicado al pie de la letra las mismas políticas de ajuste que el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, las PASO le resultarían funcionales al peronismo para dirimir su liderazgo interno y distribuir las candidaturas de acuerdo con el peso electoral de cada sector. Esa es la principal razón por la que el gobierno busca eliminarlas.

Al gobierno hay que derrotarlo en las calles, no en las urnas

Falta mucho para las elecciones. Un año y medio es una eternidad en una Argentina atravesada por una crisis terminal. Mientras tanto, el pueblo trabajador ya ha dado sobradas muestras de rechazo, tanto a las urnas como a los partidos tradicionales. El agravamiento de las condiciones de vida alimenta un proceso de radicalización política y un corrimiento de amplios sectores populares hacia la izquierda.

Esta "izquierdización" no es una simple especulación. Incluso comienza a reflejarse en las encuestas. Un estudio de Alaska y TresPuntoZero mostró un crecimiento del respaldo a valores e instituciones que chocan con el discurso del gobierno. Casi ocho de cada diez encuestados prefieren un gobierno democrático que respete los derechos individuales antes que uno autoritario con mejores resultados económicos.

La misma encuesta señala un mayor apoyo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al derecho a la protesta y a la legalización del aborto, al mismo tiempo que mejora la imagen del feminismo. En el terreno económico ocurre algo similar: el 69,1 % sostiene que el Estado debería asumir un papel más activo; el 72,1 % rechaza la eliminación de la obra pública; el 61 % se opone a la privatización de empresas estatales y el 63 % defiende la gratuidad universitaria. Los datos son contundentes.

Pero este proceso no se expresa únicamente en las encuestas. También se manifiesta en la realidad objetiva de la lucha de clases. El crecimiento de las movilizaciones de trabajadores estatales, docentes y personal de salud autoconvocados, junto con las rebeliones policiales en distintas provincias, muestra un ascenso de las luchas que se combina con el enfrentamiento a la burocracia sindical.

La crisis de las fuerzas policiales merece una atención particular. No se trata de un fenómeno secundario, sino de uno de los síntomas más claros de la descomposición del régimen. La policía constituye uno de los principales pilares del Estado capitalista y, sin embargo, el gobierno y la burguesía ya ni siquiera logran garantizar condiciones de vida aceptables para quienes utilizan como aparato de represión.

Este escenario abre una oportunidad excepcional para profundizar las luchas y construir una alternativa política independiente de la burguesía, basada en la democracia obrera, capaz de enfrentar tanto al gobierno como a la burocracia sindical. Sin embargo, las direcciones socialdemócratas de la izquierda reformista —el FIT-U y sus organizaciones afines— avanzan en el sentido contrario.

El lanzamiento prematuro de la candidatura presidencial de Myriam Bregman constituye, en los hechos, una adaptación a la estrategia reaccionaria de la propia burguesía: canalizar el creciente descontento social hacia el terreno electoral. En lugar de aprovechar el giro a la izquierda de amplios sectores de masas para fortalecer su organización y desarrollar la movilización contra el régimen, concentran sus esfuerzos en la campaña electoral. Bajo la consigna de impulsar "comités", vuelven a orientar las energías hacia un camino que, lejos de cuestionar el régimen, busca administrarlo por la vía institucional. (leer más)

Cuando amplios sectores se desprenden y rompen con los partidos patronales, el FIT-U actúa en sentido inverso, intentando reinsertar ese descontento dentro de los márgenes de la política parlamentaria. Un ejemplo ilustrativo fue la reunión de Rubén "Pollo" Sobrero con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado para discutir el estado del sistema ferroviario.

En lugar de denunciar a Villarruel como integrante del mismo régimen político responsable de décadas de vaciamiento y destrucción del transporte público, Sobrero terminó legitimando ese encuentro. Al borrar la frontera política entre los trabajadores y una representante de la burguesía, transmite la idea de que es posible encontrar soluciones mediante el diálogo con quienes han sostenido esas mismas políticas. Sobrero diluye las fronteras de clase haciéndole creer a las masas que se puede confiar en estos sectores.

El propio Sobrero fue explícito al afirmar: "La recepción fue muy buena. Me pareció que quedó muy preocupada con el estado de los trenes". Pero cabe preguntarse: ¿la preocupación de quienes han gobernado durante décadas el país constituye alguna garantía para los trabajadores? Más aún cuando agregó: "Esto no es una cuestión de diferencias políticas; se trata de evitar otra tragedia como la de Once". ¿Puede evitarse una nueva tragedia ferroviaria apelando a reuniones con dirigentes burgueses que integran los mismos partidos responsables del desguace ferroviario? ¿Es posible que los trabajadores puedan confiar en una dirigente que reivindica abiertamente a la dictadura militar?

Nuestra respuesta es negativa. No existe ninguna salida basada en la conciliación con la burguesía ni con la burocracia sindical. La única garantía para impedir nuevas catástrofes es la organización independiente de la clase trabajadora, la movilización y la lucha contra quienes han destruido el transporte público convirtiéndolo en un negocio de pocos. Mantener una delimitación política clara frente al enemigo de clase no es un problema de principios abstractos: es una condición indispensable para construir una alternativa revolucionaria. En ese sentido, seguimos sosteniendo que la salida pasa por derrotar al gobierno de Milei mediante una nueva irrupción de masas, un nuevo Argentinazo.

¡Fuera Milei!
¡Cárcel a todos los corruptos!
¡Por un nuevo Argentinazo!
¡Por un gobierno obrero y popular!

Para llevar adelante esta tarea te invitamos a ser parte de nuestro partido: el Nuevo PST.