Derrota histórica del gobierno de Milei

Editorial Nº83 - 18 de agosto del 2026

Por: nuevo PST

Ley de tierras: Una derrota histórica para el gobierno

A pesar de que el gobierno obtuvo media sanción en el senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —popularmente conocida como Ley de Tierras—, no pudo hacer pasar sus dos ejes principales y más reaccionarios: la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros, que elevaba del 15 al 25% el límite de tenencia sobre el territorio nacional, provincial o municipal, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que habilitaba la comercialización de tierras fiscales o áreas protegidas que hubieran sido afectadas por incendios.

El gobierno se vio obligado a retroceder frente al enorme repudio que generó la iniciativa en todo el país. Sin embargo, ese rechazo no tuvo una expresión acorde con su verdadera magnitud. Si bien hubo movilizaciones importantes como las que se dieron frente al Congreso Nacional y en distintas provincias, estas estuvieron lejos de ser masivas. En las redes sociales, en cambio, el rechazo fue total: según un relevamiento de Qsocial Big Data sobre casi 2.800 publicaciones en redes sociales, más del 70% expresaron rechazo a la iniciativa frente a apenas un 0,9% de apoyo explícito.

Esta contradicción entre el repudio real y la poca masividad de las movilizaciones se explica, en parte porque, a pesar del desastre del gobierno, el rechazo de las masas al peronismo no ha dejado de crecer. Las movilizaciones, al estar encabezadas mayormente por el peronismo/kirchnerismo, generan un fuerte rechazo popular. Los mismos sectores peronistas que hoy levantan la consigna "La Patria no se vende" son quienes, durante sus propios gobiernos, permitieron y fomentaron la extranjerización y la concentración de la tierra, como veremos más adelante en otro artículo.

Pero existe una cuestión más profunda. El peronismo, el kirchnerismo y el conjunto de la izquierda reformista se limitan a plantearles a las masas que la salida es electoral, una política que venimos denunciando de manera sistemática. Con esta orientación reformista desarman a las masas frente a un gobierno que se cae a pedazos. Si el enorme repudio que provocó esta ley se hubiese expresado en las calles mediante un paro general o una movilización masiva, el gobierno habría quedado contra las cuerdas.

Mención aparte para la burocracia sindical peronista que durante todo el gobierno de Milei ha hecho lo imposible para evitar la movilización de la clase obrera, permitiendo al gobierno aprobar leyes reaccionarias y dejando pasar miles y miles de despidos. Ninguno de estos sectores quiere derrotar al gobierno, por el contrario lo sostienen. A pesar de esto, la derrota de la "Ley de Tierras", ha sido una enorme muestra de la profunda debilidad del gobierno y, al mismo tiempo, de que existe una posibilidad concreta de que la clase obrera y el pueblo puedan derrotarlo.

Nosotros nos oponemos profundamente a esta política electoralista que propone esperar hasta 2027 para votar a Myriam Bregman, Axel Kicillof o cualquiera de las alternativas que impulsan estos sectores reformistas y burgueses. No hay que esperar un año y medio ¡Hay que terminar con este gobierno ahora! Y, junto con ello, imponer un gobierno obrero y popular de emergencia, apoyado en las organizaciones de masas, que pueda dar una respuesta al hambre y a la situación de los millones de argentinos que se hunden cada vez más en la pobreza.

Volviendo a la ley, alcanza con observar sus modificaciones para comprender su carácter profundamente reaccionario. A través de la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, el gobierno estaba incentivando directamente la posibilidad de incendiar terrenos para luego facilitar su adquisición a precios irrisorios, promoviendo así un enorme negocio inmobiliario.

Se trata de una problemática cada vez más grave en Argentina. Los incendios provocados no solo implican la pérdida de una enorme cantidad de biodiversidad, sino también la destrucción de hogares completos de miles de personas. A esto se suma el desfinanciamiento de los recursos destinados a prevenir y mitigar este tipo de catástrofes.

Si algo dejó en evidencia la discusión sobre esta ley es que quienes se benefician del saqueo de nuestro país son los mismos que nos gobiernan. Como en el caso del senador oficialista y promotor de la iniciativa, Joaquín Benegas Lynch, quien figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una empresa radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.

Pero el debate también expuso el nivel de entrega y desprecio por nuestra soberanía que exhiben algunos funcionarios oficialistas, al punto de que no tienen inconvenientes en reconocerlo públicamente. Tal es el caso del canciller Pablo Quirno, quien afirmó que "sería beneficioso" que una empresa extranjera comprara, por ejemplo, una provincia.

También quedó expuesto el desprecio y la subestimación hacia el pueblo argentino. Un ejemplo de ello fue la declaración de Patricia Bullrich, quien atribuyó la derrota de la ley a Adorni y al Mundial y sostuvo que, de haber sido tratada antes, la iniciativa habría sido aprobada. Una afirmación que, en definitiva, implica tratar de estúpido al pueblo argentino.

Pero, aunque el gobierno debió retirar los dos artículos más reaccionarios, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió media sanción en la Cámara de Senadores. En este punto debemos detenernos en otras dos modificaciones especialmente importantes: la alteración del principio de "utilidad pública" y la aceleración de los procesos de desalojo.

En relación con la utilidad pública, el proyecto oficial eleva las exigencias para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Cuando el Estado declare de utilidad pública un territorio que necesita incorporar y que se encuentra en manos privadas, deberá afrontar dos nuevas limitaciones.

La primera es el valor de mercado. Hasta ahora, los terrenos podían ser tasados tomando como referencia su valor fiscal; con la reforma, deberá contemplarse el valor de mercado. La segunda es el denominado "lucro cesante": el Estado deberá abonar las supuestas pérdidas que el propietario considere derivadas de la expropiación.

Con estas modificaciones, el Estado quedaría prácticamente imposibilitado de expropiar tierras en función del interés público. Y no estamos hablando únicamente de barrios privados. Estamos hablando de recursos naturales y de territorios estratégicos para el país.

La medida también tiene consecuencias en el ámbito urbano. Si el Estado necesitara avanzar, por ejemplo, con la construcción de una autopista o una nueva infraestructura urbana, tendría mayores obstáculos que los existentes hasta ahora para disponer de los terrenos necesarios.

En cuanto a los desalojos, la reforma busca acelerar los procedimientos y facilitar la ejecución anticipada antes de que exista una sentencia definitiva, reduciendo de esa manera las posibilidades de defensa del ocupante, ya sea una persona, un grupo social o una comunidad originaria.

En la primera versión del proyecto se establecían apenas tres días posteriores a la notificación para proceder, un plazo absolutamente insuficiente para reunir pruebas que acreditaran el pago de un alquiler o la existencia de un acuerdo, especialmente teniendo en cuenta que una parte importante del mercado inmobiliario funciona sin contratos formales ni recibos. Luego de las negociaciones en el Senado, el plazo fue elevado a diez días, una modalidad que no existe en ningún otro país del mundo.

Con este mecanismo de "desalojo exprés", los trabajadores que ocupan fábricas recuperadas quedarían expuestos a ser intimidados y desalojados rápidamente. Lo mismo se pretende hacer con las comunidades originarias. En Argentina existen más de 250 conflictos activos por tierras nacionales y provinciales, y este nuevo procedimiento busca envalentonar a los gobernadores para avanzar contra pequeños campesinos y comunidades originarias.

En Argentina el derecho a la tierra está reconocido en la Constitución Nacional, pero el Estado burgués jamás lo garantiza, entonces tenemos familias que no tienen ni un pedacito de tierra mientras que los empresarios y grandes tenedores —nacionales o extranjeros—, pueden tener mil hectáreas por titular. Y todos sabemos que, además, existen múltiples mecanismos para superar incluso esos límites, como el uso de testaferros.

En Argentina las tierras en manos extranjeras representan alrededor del 5% del territorio nacional, unas 13 millones de hectáreas, casi exactamente la superficie total de Inglaterra. De ese total Estados Unidos es el país que posee la mayor cantidad de tierras rurales, con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie que supera el tamaño de la provincia de Tucumán. Le siguen Italia, con casi 2 millones, y España, con alrededor de 1,7 millones de hectáreas.

Por eso, aunque la ley haya obtenido media sanción, lo ocurrido constituye una gran derrota política para el gobierno. Milei intentó beneficiar a las grandes corporaciones imperialistas y terminó generando el efecto contrario: en cada rincón del país se puso en discusión la concentración de la tierra en pocas manos y la entrega del territorio nacional a la rapiña extranjera.

El pueblo trabajador argentino volvió a expresar, además, un sentimiento antiimperialista que se había renovado recientemente con el triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra, cuando los jugadores del seleccionado nacional levantaron la bandera de "Las Malvinas son argentinas".

Por último, hay una cuestión que no puede dejar de señalarse. Mientras el gobierno se jacta del equilibrio fiscal y de un riesgo país bajo, la enorme mayoría de la población se pregunta: "¿de qué me sirve todo eso si no llego a fin de mes y apenas me alcanza para pagar las facturas de los servicios? Algo de ese mismo sentimiento apareció en la discusión sobre la Ley de Tierras: "¿Qué diferencia hay entre el 15 y el 25% si el campo a mí no me da nada? Ni siquiera puedo comprar un terrenito".

¡Y es verdad! El pueblo trabajador tiene razón al plantearlo. En su inmensa mayoría se encuentra privado de la riqueza que produce una de las regiones más fértiles del mundo. Además tenemos que partir del hecho de que ya existen varios departamentos que superan ampliamente el límite del 25%.

Con extranjeros o sin ellos, el problema de fondo es que la tierra continuará concentrada en muy pocas manos. El verdadero problema es la propiedad privada y el acaparamiento de la tierra por parte de una minoría cada vez más rica, mientras la mayoría de la población se hunde en la pobreza.

El triunfo de los portuarios demostró la gran debilidad del gobierno y la enorme fuerza del movimiento obrero

La discusión sobre la Ley de Tierras ocupó los titulares de los principales medios periodísticos. Sin embargo, durante estos mismos días ocurrió otro hecho de enorme importancia que pasó prácticamente desapercibido: el triunfo de los prácticos, pilotos y baqueanos, es decir, de los profesionales del mar y de las vías fluviales que asisten a los capitanes de los barcos durante las maniobras portuarias. (ver nota sobre el tema)

Tras la publicación por parte del gobierno de un decreto de desregulación del servicio de practicaje, los trabajadores del sector se lanzaron al paro por 48 horas, dando un ejemplo admirable de lucha. En ese lazo tan breve de tiempo dejaron más de 185 buques varados, poniendo en jaque a las empresas navieras, las agroexportadoras y multinacionales petroleras. Pero lo más importante es que lograron torcer el brazo del gobierno y demostraron en los hechos que Milei es profundamente débil.

La medida de fuerza de los portuarios constituyó una enorme demostración del poder de la clase obrera, la única fuerza capaz de paralizar la actividad productiva de todo el país. Si apenas 536 trabajadores portuarios pudieron derrotar al gobierno en 48 horas, imaginemos lo que podría hacer el conjunto del movimiento obrero unido en un gran paro nacional.

Una razón fundamental de la contundencia de esta medida de fuerza fue que golpeó directamente en el corazón del plan económico del gobierno. Por ser actores centrales en el régimen de acumulación capitalista, los sectores proletarios vinculados a la minería y el petróleo son cada vez más determinantes. Algo similar a lo que presenciamos en el mes de abril, con el paro de los camioneros autoconvocados que por dos semanas frenaron el transporte de grano, afectando directamente al agronegocio.

La crisis se traslada al interior de la burguesía

El modelo económico de Milei, orientado hacia las grandes Corporaciones Globales imperialistas y Wall Street, destruye el mercado interno y deja afuera a los sectores industriales —que en Argentina se nuclean alrededor de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.

El plan económico del gobierno los está arruinando y por eso hay una gran bronca en este sector de la burguesía. Cientos de pymes, pequeños industriales o incluso medianos van directamente a la quiebra con este modelo, otros, como Javier Madanes Quintanilla de Fate, tienen más cintura y pueden sobrevivir, pero la situación de conjunto es muy grave.

Esta realidad quedó expuesta el jueves pasado cuando el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a responder los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, que tildó de "tarados" a quienes cuestionaban el modelo económico actual por arruinar la actividad industrial.

En términos más bien tibios, Rappallini respondió: "No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía".

Pero lo cierto es que a Rappallini y a toda la cúpula de la UIA les importa poco y nada la defensa de la industria. Cada vez que el exdirector ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, habla públicamente, advierte que la industria se está muriendo. Sin embargo, el actual presidente de la entidad sostiene que las políticas de Milei son correctas.

La explicación de por qué la cúpula de la UIA mantiene su respaldo parcial al gobierno es sencilla: está haciendo negocios con el Estado, particularmente a través del RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Con este programa de beneficios, el gobierno impulsa regímenes de promoción económica similares, en sus mecanismos generales, a los utilizados por la última dictadura. Pero, en este caso, están orientados particularmente hacia los sectores del agro, la minería y el petróleo. A pesar del discurso oficial contra la industria subsidiada por el Estado, el RIGI es, en esencia, un subsidio indirecto. La diferencia es que, en lugar de transferir recursos directamente a las empresas, el Estado les otorga beneficios fiscales y les reduce la carga impositiva.

Desde que Rappallini asumió la presidencia de la UIA cuenta con el respaldo explícito del Grupo Techint de Paolo Rocca, y de otras grandes corporaciones como Arcor y Ledesma. El objetivo de colocarlo al frente de la entidad era consolidar una conducción con un perfil más ligado a las pymes.

Sin embargo, el empresario, dueño de Cerámica Alberdi, parece estar atravesando su propia "reconversión": mientras deja morir sus fábricas, incursiona en el negocio minero a través de una empresa que también se llama Alberdi y comienza a desarrollar proyectos en Mendoza, aprovechando los beneficios del RIGI impulsado por el gobierno.

De ahí la tibieza y cobardía de su discurso. Si Rappallini responde a Caputo es para evitar que quede demasiado expuesto su entreguismo, o bien por la presión que ejercen las pequeñas y medianas empresas, pero no mucho más.

Además, existe un punto de coincidencia fundamental entre el oficialismo y la UIA: ambos consideran que el objetivo principal es someter a la clase obrera a mayores condiciones de explotación para poder aumentar la competitividad.

Así lo expresó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, que, en respuesta a las declaraciones de Caputo, sostuvo: "El ministro plantea temas sensibles, pero hay un evidente desconocimiento de lo que ocurre portones adentro de las fábricas. Nosotros somos caros por los costos de la realidad, porque producir en la Argentina conlleva una carga que no existe en el resto del mundo".

En definitiva, la burguesía en su conjunto quiere descargar todo el peso de la crisis en los trabajadores. Esto equivale a someter a la clase obrera argentina a tasas de explotación de países como China, India, Vietnam o Indonesia. Muchos de estos países pueden lograr estos objetivos por tratarse de regímenes políticos profundamente autoritarios como es el caso de la dictadura capitalista de China, que levanta falsamente las banderas del comunismo.

Actualmente, la mayoría de las mercancías que entran en Argentina provienen de este país y se fabrican bajo intensas condiciones de explotación, sin sindicatos independientes, con una enorme capacidad de producción en masa y con subsidios y apoyo del Estado chino. Este conjunto de factores, sumados a la apertura económica, hacen que sea imposible el sostenimiento de la industria local.

Está claro que la burguesía industrial argentina tiene roces con el gobierno pero en general va por la línea electoral, sin ningún tipo de intención real de voltear al gobierno. En ese sentido se acerca a la política del peronismo y el conjunto de la izquierda reformista. Sin embargo estos roces entre sectores patronales abren grietas que la clase trabajadora puede aprovechar.

El plan económico de Milei, centrado en el agro, la minería y el petróleo, quizás pueda funcionar para un país pequeño, pero en la Argentina solo puede emplear a una porción reducida de la población, dejando por fuera a 30 millones de argentinos. Esta realidad resulta completamente inviable. El modelo empuja a millones de personas hacia la pobreza y, tarde o temprano, terminará desembocando en grandes estallidos sociales que harán saltar por los aires este plan entreguista y hambreador.

¡Por un Argentinazo que derrote a Milei y su plan!

¡Que se vayan todos!

¡Por un plan contra el hambre y la miseria y un gobierno de emergencia obrero y popular para imponerlo!