24 de marzo: No apoyamos la marcha electoralista de la izquierda y el peronismo

Por Nuevo PST

Este 24 de marzo es una fecha especial porque se cumplen 50 años del golpe cívico militar que dio comienzo a la peor y más sangrienta dictadura de Argentina y toda Sudamérica. Este aniversario coincide con uno de los peores momentos del gobierno de Milei.

Aumenta la pobreza y la desocupación, la economía paralizada, miles de industrias que cierran, la inflación que no se detiene, los escándalos de corrupción ocupando la portada de todos los medios, las encuestas negativas y el estallido de las huelgas y movilizaciones en casi todas las provincias. El panorama es desolador para el presidente libertario. No son pocos los analistas burgueses que ya empiezan a hablar de su posible caída.

A esto hay que sumar que las masas ya hace largo tiempo que vienen rompiendo con el peronismo, la burocracia sindical, las organizaciones de derechos humanos y feministas cooptadas por el kirchnerismo y todos los partidos burgueses tradicionales. Una verdadera "revolución política".

Estamos frente a una oportunidad histórica de derrotar al gobierno y de hundir para siempre a estas direcciones traidoras, pero la gran mayoría de la izquierda —con el FITu a la cabeza— desaprovecha esta oportunidad de crear una dirección independiente. A contramano de la realidad propone marchar junto a sectores del peronismo y el kirchnerismo. Sumándose al coro de los sectores que sostienen al gobierno, para que culmine su mandato normalmente y así llegar a las elecciones de 2027.

La izquierda reformista transformó el 24 de marzo en una marcha electoralista

A pesar de que miles de honestos activistas acudirán a la marcha del 24 de marzo, para luchar en contra de la impunidad de ayer y de hoy y para enfrentar al gobierno de Milei, nosotros les tenemos que decir la verdad: La izquierda reformista, principalmente el FITu y sus "satélites", han transformado esta fecha en un acto electoral.

Mientras que el gobierno raquítico se encamina hacia las elecciones 2027, toda la oposición burguesa se lanza a la carrera por la conformación de un "frente amplio" para enfrentar a Milei en las urnas; la izquierda, como ya vimos en la editorial anterior (leer editorial nº74), también da claras señales de ir por ese mismo camino. Oficialismo, oposición de izquierda, de derecha y centro, TODOS están subidos a la misma ola.

Es tan claro este rumbo que, por ejemplo, el PTS ya no se toma ni la molestia de disimularlo y pone a Myriam Bregman y Nicolás del Caño en primer plano de sus flyers de convocatoria al 24, como si fueran carteles de campaña electoral.

La izquierda reformista que abandona la independencia de clase

Pero la orientación electoralista de esos partidos de izquierda no es lo peor, también proponen marchar junto a organizaciones peronistas y kirchneristas para directamente abandonar la independencia de clase.

Al poner las elecciones como su objetivo principal y orientar toda su política a ganar más diputados, han abandonado la lucha por el poder y han optado por la "vía pacífica" o socialdemócrata. Pero también están abandonando progresivamente la independencia de clase, orientándose hacia el frente populismo.

Esto lleva a la izquierda reformista a actuar en unidad de acción con sectores de la burguesía —principalmente con el kirchnerismo—, votando leyes del peronismo en el congreso, pidiendo la libertad de Cristina Kirchner, marchando juntos, leyendo documentos comunes, etc. 

Esto no es nuevo, nosotros lo hemos denunciado en incontables oportunidades; como la vez que conformaron un "interbloque" (leer más) con diputados del peronismo en el parlamento nacional; o recientemente cuando llamaron a conformar un "frente antiimperialista" (leer más) contra la intervención yanqui en Venezuela junto a sectores burgueses progresistas, con burócratas sindicales como Hugo Yasky y Baradel.

Bajo ningún motivo podemos avalar la unidad de acción con estos sectores. Ya tenemos el antecedente reciente del 2024, cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llamaron a movilizar junto a la burocracia traidora de la CGT y la CTA para el 24 de Marzo. Esto implicó marchar a la par de dirigentes que fueron cómplices del reaccionario gobierno de Perón y la Triple A (leer más).

Como señalamos en la editorial anterior, Izquierda Socialista (IS) publicó una nota dónde reconoce públicamente esta política, y además expone tanto al PO como al PTS, por llevarlas adelante (ver nota).

Este partido —que falsamente se autoproclama como trotskista y morenista— se ha sumergido en un proceso de continuo "revisionismo" y descomposición, que lo ha colocado a la derecha de los demás partidos que componen el FITu —recordemos que en el 2023 este mismo partido llamó a votar por Sergio Massa—.

En dicha nota llama explícitamente a la unidad de acción con organizaciones peronistas y kirchneristas —coincidiendo con el MST—, y denuncia al PO y el PTS por querer hacer un acto separado. Además expone la política frentepopulista del PTS cuando dice que este partido convocó "a una audiencia pública junto al Movimiento Evita, Patria Grande y el ARI por la Ley de Glaciares".

También propone la unidad de acción con la burocracia sindical cuando dice que, a pesar del "rol cómplice con el ajuste y las reformas (laborales, baja de punibilidad, glaciares) que no saldrían sin esos apoyos prestados" por la CGT y el peronismo, "es necesario poner por delante la necesidad de pegar como un solo puño al negacionismo libertario". Además le exige a la CGT que "rompa sus pactos con el gobierno ultraderechista y llame a un paro nacional y un verdadero plan de lucha", algo que a esta altura del partido resulta ridículo, es como pedirle peras al olmo 

¡Los únicos que están rompiendo con el gobierno, pero también con la CGT, el peronismo y la propia izquierda reformista del FITu, son las masas trabajadoras que hoy están ganando las calles en casi todas las provincias!

Por otro lado dice que "está planteado tener una política para que cientos de miles, sino millones salgan a las calles en todo el país y que ese despliegue de organización y energía moralice y potencie todas las luchas en curso." Hay que decirle a IS que los "millones" no están saliendo detrás de las convocatorias del peronismo, la burocracia sindical y la izquierda reformista. Como lo demuestran las provincias, el pueblo trabajador está saliendo a las calles por la presión del hambre y la desocupación, no por los llamados electoralistas de la izquierda. Con esta política de "conciliación de clases" el FITu no "moraliza" a las masas, todo lo contrario, las lleva a la desmoralización y la derrota.

El Nuevo MAS —que está por fuera del FITu— se acopla a la línea del PO y el PTS, son más de lo mismo. Manuela Castañeira denunció en una nota a la Multisectorial de Derechos Humanos de La Plata por permitir que el peronismo, de Kicillof y Alak, encabece la columna, sin embargo decide movilizarse junto a ellos "de manera crítica sin integrar la cabecera común con el peronismo". El Nuevo MAS nos toma el pelo.

El PTS, que no se cansa de pedir la libertad de Cristina —incluso la visitó en su domicilio el día que confirmaron su condena—, propone ir con "todas las organizaciones que reivindicamos la independencia política del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en una columna que pueda leer su documento en la Plaza, como todos los años: una marcha, dos documentos." ¿Se diferencian del peronismo pero marchan junto a ellos? ¿En un momento histórico donde las masas rompen con el peronismo, ellos se muestran frente a sus ojos en unidad de acción con el peronismo? Toda la política del PTS está dominada por los grises.

El FITu y sus satélites les mienten a las masas

Los partidos de FITu y sus "satélites" vienen sosteniendo estas políticas frentepopulistas a partir de una caracterización equivocada de la realidad. Ellos definen al gobierno de Milei como "fascista" o de "ultraderecha", casi como si fuera una dictadura. 

Sin embargo, en estos tres años de gobierno no vimos grupos paramilitares que enfrenten físicamente a los activistas, no vimos tanques desfilando por las calles; los sindicatos siguen siendo legales, hay libertad de reunión y de prensa, el Congreso funciona normalmente, no hay cientos de presos políticos como por ejemplo los hay en Venezuela, y así podríamos seguir.

En la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner hubo 45 activistas muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado o de grupos paraestatales, como las patotas sindicales, y en ningún momento estas organizaciones tacharon a estos gobiernos de fascistas o de ultraderecha.

Las direcciones de estos partidos les mienten a las masas y engañan a sus propios militantes con falsas caracterizaciones, y de esta manera los desmoralizan y los ponen a la defensiva. Por el contrario, nosotros afirmamos, desde un comienzo, que el gobierno de Milei es un gobierno de derecha muy débil, con muy poco apoyo popular —cada vez menos—, que solo se sostiene por los salvatajes de Trump y el FMI y por la complicidad —activa o pasiva— de la oposición —principalmente del peronismo—. 

No hay duda de que a los dirigentes de la Libertad Avanza les encantaría una dictadura militar como la de Videla, Massera y Galtieri, pero eso también les encantaría a los gordos de la CGT/CTA y a muchos dirigentes y políticos peronistas. Myriam Bregman se escandalizaba todo el tiempo con las políticas represivas de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero no olvidemos que la "Pato" aplicaba la "Ley antiterrorista" de Cristina Kirchner; algo que a la "rusa" defensora de la ex presidenta pareciera no afectar demasiado.

No se puede definir la realidad solo por los dichos o deseos de los políticos, tampoco por el color de sus banderas. Para nosotros que somos marxistas lo más importante es la "lucha de clases", porque la realidad es objetiva. Y en la actual relación de fuerzas las masas, al contrario de lo que afirma la izquierda reformista, están a la ofensiva, acá y en todo el mundo.

En Argentina hubo una revolución democrática triunfante que liquidó a la dictadura en 1982 (para saber más leer aquí), desde aquel momento las Fuerzas Armadas no han podido reconstruirse. Esto las imposibilita —en la actual coyuntura— de dar un nuevo golpe de Estado en la Argentina; su raquitismo permanente las ha puesto por debajo de la gendarmería y la policía en el podio de las principales fuerzas represivas. Es por esto que Milei no pudo siquiera ir a fondo con el DNU y la Ley Ómnibus, ni tampoco con el Protocolo "antipiquetes"; y es también lo que evita que avance con los indultos a los genocidas.

De la Triple A de Perón al golpe militar de 1976

El accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), aunque a menudo se intente minimizar u ocultar, estaba encabezado por figuras centrales del peronismo, entre ellas Juan Domingo Perón, Héctor J. Cámpora, María Estela Martínez de Perón e, indiscutiblemente, José López Rega, quien desempeñó un rol clave en su organización y coordinación. Su objetivo principal fue combatir a sectores de izquierda, tanto marxistas como aquellos vinculados al propio peronismo que evolucionaban hacia posiciones revolucionarias.

En 1973, tras asumir como Ministro de Bienestar Social durante el gobierno de Cámpora —a pedido expreso de Perón—, López Rega impulsó la formación de estructuras destinadas a enfrentar y eliminar a estos sectores. Para ello, articuló redes con grupos como Guardia de Hierro, sectores sindicales ortodoxos y organizaciones afines, además de promover la creación de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), concebida como un aparato de choque frente a la creciente resistencia de sectores que enfrentaban al gobierno.

Estas fuerzas parapoliciales comenzaron a organizarse en dependencias del propio Ministerio, incluyendo un espacio conocido como "Microcine", ubicado en el segundo subsuelo, donde almacenaban armas y se coordinaban operaciones. Un paso importante se produjo cuando Manuel de Anchorena fue designado embajador en el Reino Unido y a partir de sus gestiones diplomáticas, consiguió que se enviaran 200 subfusiles Sten MKII, de fácil desarme y con silenciador adaptable. Un arma muy utilizada por estos fascistas.

López Rega, junto al Comisario General y Jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, Almirón y Rovira, utilizaron recursos del Ministerio de Bienestar Social para financiar esta estructura parapolicial, armada desde el gobierno.

El objetivo de la Triple A consistía en la planificación de acciones para secuestrar, torturar y asesinar militantes populares o delegados sindicales, docentes, estudiantes, que eran secuestrados en la vía pública y que luego aparecían acribillados.

En algunos casos los detenidos eran trasladados encapuchados y esposados a bordo de camionetas con la leyenda de Ministerio del Interior o R. 2 Sec. Inteligencia, al Ministerio de Bienestar Social, donde eran torturados con golpes o picana eléctrica por policías. También se registraron secuestros, violaciones y asesinatos, así como prácticas de exterminio que alcanzaban a grupos familiares completos.

Con el tiempo, la Triple A extendió su accionar a nivel nacional, articulando con diversas organizaciones como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronista (GAP) y el Movimiento Universitario Nacional (MUN), entre otros.

Hacia fines de 1973, la organización difundió una lista negra con nombres de personas que de ser encontradas serían inmediatamente ejecutadas. Entre estos nombres se encontraba el de los militantes Homero Cristali, alias J. Posadas y Hugo Bressano, alias Nahuel Moreno —dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores y principal referente de nuestra corriente—; los abogados Silvio Frondizi —hermano del expresidente Arturo Frondizi—, Mario Hernández y Gustavo Roca; el dirigente fundador del PRT, Mario Roberto Santucho; los sindicalistas Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós —ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires—; el abogado Manuel Gaggero —director interino del diario El Mundo—; Ernesto Giudice —miembro renunciante del Partido Comunista—; el abogado Roberto Quieto —dirigente de Montoneros— entre otros.

El 31 de julio de 1974, en una intersección céntrica de la ciudad de Buenos Aires, el abogado de izquierda y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y su mujer fueron acribillados al descender de un taxi. En su funeral, las fuerzas de seguridad tuvieron la orden del Jefe de la Policía Federal de dispersar a la multitud que asistió a despedirlo, para lo que empleó balas de goma y gases.

Se produjeron varios atentados en la ciudad de La Plata. El 6 de enero estalló una bomba molotov contra la persiana del local partidario del PST y disparos con armas de fuego

El 29 de mayo de 1974 ocurrió la Masacre de Pacheco. En la medianoche tres obreros fueron secuestrados de un local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la localidad de El Talar, General Pacheco, y luego asesinados.

El 6 septiembre de 1975, en lo que se conoció como la Masacre de La Plata, fueron secuestrados y asesinados ocho militantes del PST: Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner, Lidia Agostini, Carlos Povedano, Oscar Lucatti y Patricia Claverie.

Tras el golpe militar de 1976, varios integrantes de estas estructuras pasaron a formar parte de los grupos de tareas del régimen dictatorial, integrándose al aparato represivo del Estado.

Tanto el PJ como las centrales sindicales, siempre guardaron un silencio cómplice. Entre los integrantes de la cúpula de la burocracia sindical, mantuvieron un silencio sepulcral, siempre se encubrieron. En el 2024 —como ya vimos— se movilizaron para el 24 de marzo junto a las organizaciones de derechos humanos que responden al peronismo.

Todos los gobiernos capitalistas que sucedieron a la dictadura son cómplices

El 24 de diciembre de 1986 Raúl Alfonsín promulgó la Ley de Punto Final, que establecía un plazo de 60 días para extinguir la acción penal contra los responsables de delito de lesa humanidad. El 4 de junio de 1987 sancionó la Ley de Obediencia Debida, una ley de impunidad que eximía de responsabilidad a miles de militares torturadores y asesinos que tenían cargos por debajo de coronel, por haber actuado en "obediencia" de sus superiores.

Entre octubre de 1989 y diciembre de 1990 vinieron los indultos de Menem, que eran una serie de decretos basados en la "teoría de los dos demonios", que beneficiaron a más de 1200 personas, incluyendo a las juntas militares de la dictadura (Videla, Massera, Viola, etc.).

Durante el kirchnerismo —a pesar de su falso discurso en favor de los derechos humanos— continuaron los ataques a las libertades democráticas. Con la desaparición de Jorge Julio López (2006), la sanción de la "Ley antiterrorista" durante el primer gobierno de Cristina; la designación en cargos públicos de integrantes del aparato represivo durante la dictadura, como César Milani; la cooptación de las organizaciones de derechos humanos por el poder político, destruyendo su independencia política y socavando el enorme prestigio que tenían frente a las masas; así como la negativa a incorporar el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, a la lucha por los derechos humanos. 

En el 2012 se conoció la existencia del "Proyecto X", una unidad especial de gendarmería que se dedicó a espiar a trabajadores, organizaciones sociales y partidos políticos. Contaba con una base de datos creada en 2002 y actualizada en 2006. Actuaron durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y durante el primer mandato y parte del segundo de Cristina Kirchner.

También podríamos nombrar la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, un militar que en 1994 se infiltró como buchón del ejército en la lucha de los mineros de Río Turbio.

El grupo empresarial de los Macri, liderado por Franco Macri, se enriqueció enormemente a costa del Estado durante la dictadura; y además lavó sus deudas en lo que se conoce como "estatización de la deuda privada", que llevó adelante Domingo Cavallo en 1982. En el 2017 Mauricio Macri tuvo que retroceder frente a la movilización y el amplio repudio social, y excluir de la ley del 2X1 a los casos de lesa humanidad.

Como vemos, ninguna organización de izquierda que sea medianamente seria, podría proponer la unidad con estos sectores de la burguesía; estos son los mismos que aplican el ajuste y que reprimen a los trabajadores y el pueblo. Son los mismos que fueron cómplices de la dictadura. Marchar con estos sectores no es una "oportunidad", es una traición a los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos.

Rechazamos la convocatoria de la izquierda reformista y el peronismo

Desde el nuevo PST no nos oponemos a quienes honestamente concurren a la marcha del 24 de marzo, para luchar contra la impunidad de ayer y hoy y contra el negacionismo del gobierno, pero rechazamos tajantemente la convocatoria de la izquierda reformista y el peronismo por tratarse de una maniobra electoral. Creemos que con esta política de unidad de acción con el peronismo, la izquierda está traicionando la lucha de los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos.

• ¡Luchemos por las libertades democráticas con independencia de clase y de todos los gobiernos! ¡Ningún acuerdo electoral ni unidad de acción con el peronismo-kirchnerismo!

• ¡Queremos que se juzgue a los autores materiales y grupos de tareas de la Triple A, impulsada por Perón en Argentina!

• ¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del Golpe militar en Argentina y en América Latina!

• ¡Apertura de los archivos de la dictadura!

• ¡Separación de la Iglesia del Estado!

• ¡Fuera Milei!

• ¡Por la unidad de los trabajadores de América latina y el mundo!

• ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!

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